Últimamente se está escuchando mucho, a cada vez más ciudadanos, cuestionar la necesidad de tanta Administración (Autonómica, Nacional, Local) por el enorme gasto político (18 presidentes, tropecientos directores generales, consejeros o ministros) y también enorme gasto funcionarial que supone su mantenimiento, máxime cuando muchas de las gestiones o se hace por partida doble, o no las asume ni siquiera la Administración más cercana (los ayuntamientos).
Cuando inauguramos la Democracia que ahora disfrutamos el número de funcionarios que tenía este país no superaba los 600.000, ahora los trabadores en nómina de la Administración son tres millones aproximadamente. Muchos de ellos han entrado en nómina pública como pago de favores, sectarismo o amigismo.
Las nóminas (políticos o funcionarios) no olvidemos que salen de los impuestos que los ciudadanos pagamos. Hay quien se atreve a decir que la presión fiscal a que estamos sometidos en España es superior a la de algunos países europeos, cuando ni los servicios que recibimos de lo público, ni los sueldos de los españolitos/as son comparables, por desgracia, a los de nuestros vecinos comunitarios.
Es en momentos como los actuales, ahora que el zapato aprieta, ahora que muchos han perdido su empleo, cuando nos planteamos si los Administradores de lo público son eficaces en el gasto que gestionan. Es ahora cuando nos preguntamos si los cargos públicos que elegimos cada cuatro años son capaces de administrar con cabeza lo que tienen en sus manos.
Es ahora cuando los políticos tienen que arrimar el hombro, dar prioridad a la sociedad española sobre los intereses de partido.
Por que lo que está en juego es este país, somos sus ciudadanos.
Por que al final lo único verdaderamente importante somos las personas que formamos este conglomerado de culturas, de tradiciones, de identidades que hacemos España.
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Cuando inauguramos la Democracia que ahora disfrutamos el número de funcionarios que tenía este país no superaba los 600.000, ahora los trabadores en nómina de la Administración son tres millones aproximadamente. Muchos de ellos han entrado en nómina pública como pago de favores, sectarismo o amigismo.
Las nóminas (políticos o funcionarios) no olvidemos que salen de los impuestos que los ciudadanos pagamos. Hay quien se atreve a decir que la presión fiscal a que estamos sometidos en España es superior a la de algunos países europeos, cuando ni los servicios que recibimos de lo público, ni los sueldos de los españolitos/as son comparables, por desgracia, a los de nuestros vecinos comunitarios.
Es en momentos como los actuales, ahora que el zapato aprieta, ahora que muchos han perdido su empleo, cuando nos planteamos si los Administradores de lo público son eficaces en el gasto que gestionan. Es ahora cuando nos preguntamos si los cargos públicos que elegimos cada cuatro años son capaces de administrar con cabeza lo que tienen en sus manos.
Es ahora cuando los políticos tienen que arrimar el hombro, dar prioridad a la sociedad española sobre los intereses de partido.
Por que lo que está en juego es este país, somos sus ciudadanos.
Por que al final lo único verdaderamente importante somos las personas que formamos este conglomerado de culturas, de tradiciones, de identidades que hacemos España.