«Quién paga este sarao»
En una ocasión me explico mi abuelo Plácido «El Jorjo», que se había dedicado toda su vida al transporte y la logística (carretero en su época para que nos entendamos), en qué consistían las demasías. Según me contó, el interés y negocio de las obras públicas que, desde siempre se licitan a la baja, estaba en dichas demasías. Básicamente entonces consistía en el costo adicional causado por la necesidad de añadir capazos de arena, graba o piedra sobre los que contemplaba el proyecto inicial, de este modo se producía un resarcimiento en pago por dicha demasía, al no estar estas partidas bien previstas en el proyecto inicial; si eso no era posible, entonces se recurría a la mejora de algún aspecto de la obra.
De esto debía saber bastante mi abuelo, cuyo trabajo consistía en acarrear hasta la obra en cuestión los carros de material. Mi abuelo concluía que lo importante no era el importe pujado, eso daba igual; según él, el objetivo de la empresa era quedarse la obra, ya vendrían después las demasías y mejoras para arreglar la ganancia.
Desde entonces ha llovido bastante, hemos tenido en España Monarquía, República, Dictadura y ahora Democracia. Han desaparecido las riatas y los carros, mejorado los bagajes de los arquitectos e ingenieros de obra civil, y la capacidad de cálculo mediante computación; sin embargo, las obras públicas y nuestras empresas constructoras siguen operando bajo los mismos principios básicos, es decir, las demasías.
Demasías que, no se entonces, pero ahora abultan los bolsillos de la corrupción más voraz de los espabilados de turno y financian a partidos políticos de todo signo. Demasías que tanto entonces y como ahora pagan los sufridos ciudadanos.
Demasías que, en los últimos años en nuestro país han supuesto 36.694,1 millones de euros sólo en 17 obras públicas, tal y como se describe en un excelente artículo de El Confidencial. Dichas obras, presupuestadas inicialmente en 14841,9 millones de euros, terminaron costando 36694,1. Ahí es nada, sólo en diecisiete obras públicas gastamos por encima del costo previsto algo más que en el rescate a la banca. O si lo prefieren, se pueden hacer tres Planes E.
Bajo este sistema y forma de funcionar tan secular, han operado nuestras grandes empresas constructoras, entre ellas Sacyr que, como conocerán, se adjudicó la ampliación de del canal de Panamá en una puja que algunos calificaron de suicida o imposible por la quita a la baja que presentó. Ahora, la empresa está pidiendo su demasía, mientras que las autoridades panameñas están más bien por lo de: «naranjas de la china». Así las cosas, nuestra ministra de fomento Ana Pastor, está interviniendo para mediar en el conflicto entre Sacyr que amenaza con paralizar las obras y las autoridades del canal que dicen lo de: «ni un duro más».
Cuesta entender que pinta el gobierno español mediando en un contrato de una empresa privada, salvo que entendamos que fue también otro gobierno español (el de Zapatero) quien apostó y apoyó a para que esta empresa se quedara la adjudicación con una fianza de 200 millones de dólares. Alguien me dirá que si esto se hace es por asegurar el mantenimiento de esta empresa, o el empleo que representa; pero cuesta aceptarlo cuando miles de empresas constructoras y millones de empleos se han ido al garete sin mediación alguna del gobierno. Permítanme pensar que si ahora lo hace es por los motivos que se derivan de esa peculiar connivencia entre el poder político y las demasías de las que ya daba cuenta mi abuelo.
Lo grave, lo tremendamente grave del asunto es que me temo que de encontrarse una solución mediada al asunto terminemos pagando la demasía los de siempre. Ya saben, los ciudadanos.
A las veinticuatro horas de que se publicaran las disensiones de Sacyr en Panamá, la ministra de Fomento tomaba el avión para intervenir en el asunto. Es normal que los gobiernos defiendan a las empresas del país. El problema es que en España campea, desde hace muchísimos años, casi desde siempre, un capitalismo de amigos y una serie de connivencias entre políticos y grandes empresas industriales y financieras, en donde se unen la financiación ilegal de los partidos, los sobornos a responsables varios, el ejercicio de influencias para adjudicar obras en condiciones más que buenas para los contratistas, los favores de los políticos para garantizarse asientos en lo consejos de administración y viceversa, etc.
ResponderEliminarLas miles de empresas pequeñas o medianas que se han ido al garate con la crisis, son irrelevantes. Pero a las empresas grandes los gobiernos las apoyan, más allá de lo normal, por la cuenta que les trae.
En 1997 publicó el profesor Alejandro Nieto su obra "Corrupción en la España democrática". Todo el mundo silbó o miró para otro lado, pero Tangentópolis ya era una realidad entre nosotros. Y desde entonces nuestra Tangentópolis no ha hecho más que crecer (tangente significa soborno, en italiano),afectando también a los sindicatos y a la familia real, entre la ignorancia y la indiferencia de demasiada gente. Y sería conveniente que fueran cambiando estas actitudes...
Estimado amigo, ayer quise contestarte y añadir una información adicional; pero por un error la coloqué en otro artículo que no venía al caso, ahora rectifico y a a continuación te la dejo:
ResponderEliminarAcabo de ver, hace unos minutos, que el Tribunal de Cuentas ha emitido un informe sobre el aval de 216 millones de euros que el gobierno Zapatero concedió a Sacyr en el que se indica que se concedió de forma irregular.
Si tienes interés en el tema dicho informe completo está en:
http://estaticos.elperiodico.com/resources/pdf/7/2/1389020728227.pdf
Sorprende la diligencia con la que el llamado Tribunal de Cuentas (no es un tribunal de enjuiciamiento) se ha pronunciado sobre este asunto. Cuando la tormenta arrecia, todo el mundo corre a ponerse a cubierto. Como ahora el Tribunal de Cuentas está tomado por gente del PP, si de paso se habla mal del gobierno anterior, estupendo.
ResponderEliminarPuede que lleves razón, tras la lectura de tu comentario he comprobado como se nombra el citado Tribunal de Cuentas, resulta que es elegido por las cámaras (Congreso y Senado). Los miembros del actual fueron nombrados en julio de 2012 con mayoría del PP.
ResponderEliminarDe ser así, cabe preguntarse para que nos sirve una institución que en vez de vigilar el uso de los dineros públicos se dedica a silenciar la mierda del partido que la nombró mientras airea la del contrario
Es excepcional que desde el Tribunal de Cuentas se hable mal del otro partido. Normalmente ambos partidos suelen silenciar de consuno sus respectivas mierdas, cuando son muy grandes. Los dos partidos están de acuerdo en los asuntos importantes, en el mantenimiento del régimen, en definitiva.
ResponderEliminarEl Tribunal de Cuentas es un organismo mostrenco e inútil desde su creación por Juan II de Castilla, a mediados del siglo XV, justificador de la ortodoxia de las cuentas de todos los responsables del poder desde entonces, y sede de las más suculentas poltronas del reino.